El intento de eliminar la ciudadanía por nacimiento: la puerta de entrada para el resto de la agenda Trump
La Casa Blanca quiere menos jueces bloqueando sus decisiones, las medidas cautelares nacionales serían la clave para lograrlo
Eliminar la ciudadanía por nacimiento fue de las primeras propuestas del mandato Trump. En su primer día en la Casa Blanca, 20 de enero del 2025, bajo el nombre de EO 14160 “proteger el significado y valor de la ciudadanía americana” se plantó la bandera de las políticas migratorias del republicano. Esta orden siguió el camino de muchas otras: firma, demanda, medida cautelar y suspensión, por lo que nunca se hizo efectiva. Esta vez el gobierno ha decidido apelar la decisión de los jueces, pero su intención va mucho más allá que la aprobación de la EO 14160 y podría resultar dándole vía libre a toda la agenda del presidente.
¿Cómo funcionan las Órdenes Ejecutivas?
Las EO (por sus siglas en inglés) son firmadas por el presidente estableciendo acciones determinadas y un plazo fijo en el que se deben de cumplir. En este caso, para eliminar la ciudadanía por nacimiento se había establecido un máximo de 30 días para que la Secretaría de Estado, el Comisionado de Seguridad y Fiscal General, tomarán las medidas apropiadas para garantizar que los reglamentos y políticas de sus departamentos se alinearán con esta orden.
Entonces, ¿Por qué no se eliminó la ciudadanía por nacimiento?
La respuesta sencilla es: gracias a una medida cautelar nacional. El proceso de esta orden fue: firma, demanda al gobierno por parte de colectivos que se ven afectados, medida cautelar nacional y suspensión. La opinión de los jueces de la Corte Suprema evidenciaban un claro rechazo a la iniciativa presidencial, como es el caso de la jueza Sonia Sotomayor.
Pese a la negativa, la administración decidió llevar a la Corte Suprema la discusión, pero esta vez desde otro ángulo. Lo que discute la presidencia es la validez de las medidas cautelares nacionales. Estas medidas, llamadas universal o nationwide injuction en inglés, son tomadas por un juez federal, este juez de distrito tiene el poder de bloquear políticas nacionales, lo que ha sido considerado como un poder abusivo e incluso se ha dicho que va en contra de la constitución, este es precisamente el argumento que los funcionarios de Trump llevan a juicio.
Una estrategia para reactivar la agenda Trump
Los bloqueos mediante las medidas cautelares han sido el palo en la rueda de la agenda del presidente. Por esto pretende eliminarlas del camino, algo que ya intento en su primer mandato. Si se suprimiera la figura de nationwide injuction, todas las iniciativas de la administración estadounidense entrarían en vigor, en teoría; en la práctica, los bloqueos tendrían efecto solo en los estados donde un tribunal haya dictado una orden específica. Por ejemplo, en Nueva York se bloquea la eliminación de ciudadanía por nacimiento, pero en Texas no, entonces, solo los nacidos en Nueva York accederían automáticamente a la ciudadanía. Esto fragmentaría las políticas nacionales según las decisiones judiciales estatales.
La gran discusión
La corte ya se ha enfrentado al cuestionamiento de las medidas cautelares nacionales y ha evitado pronunciarse. En este supuesto habrá una decisión a finales de junio o principios de julio, sin embargo, descartar las medidas cautelares sería restringir seriamente la función del poder judicial de controlar al poder ejecutivo como lo aclara el Wall Street Journal en su opinión editorial; además, según los antecedentes de esta discusión no se espera que cambie las condiciones de estas medidas.
De todas formas, este caso reaviva las conversaciones alrededor de la manera en que Trump intenta redireccionar el sistema judicial a su beneficio. Se ilustra perfectamente con la polémica declaración de emergencia nacional para reactivar los aranceles a países como México, Canadá y China, dado que la “emergencia nacional” otorgaba poderes extraordinarios, lo que reducía las posibilidades de un bloqueo inmediato efectivo.