Los presupuestos, en lista de espera

Los Presupuestos Generales del Estado representan la medida legislativa más importante de cualquier gobierno. Es el plan de cuentas públicas que incluye el total de los ingresos y gastos de la administración. El examen, enmienda y aprobación de los mismos queda en custodia de las Cortes Generales, quien en su conjunto y con mayoría debe asumir las citadas actuaciones. 

Anualmente el Gobierno los elabora y las Cortes Generales lo aprueban. Esa es la teoría, pero desde hace casi tres años ha dejado de ser la práctica. Al margen de lo exigible en la Constitución, que también es fundamental porque es el marco normativo en el que nos tenemos que desplazar como democracia, resulta imprescindible tener cuanto antes aprobados unos presupuestos que sirvan como hoja de ruta. Prorrogar los de 2023 es un capricho configurado en base a la política partidista y el debate, más que en el cumplimiento de a lo que cualquier gobierno le resultaría exigible. 

Tal y como establece el artículo 134.3 de la CE, el Gobierno debe presentarlos ante el Congreso "al menos tres meses antes de la expiración de los del año anterior". Afirmar con rotundidad que presentar unos presupuestos sin apoyos es una "pérdida de tiempo", como así afirmó el Gobierno este pasado mes de marzo, es muestra de una grave distorsión de la política y la legislación. Con independencia absoluta de asegurar unos apoyos que permitan su aprobación, el cumplimiento de las obligaciones está por encima. 

En 2018 la situación fue similar cuando Mariano Rajoy prorrogó los suyos. Sánchez exigió una cuestión de confianza, pues la consideraba "obligatoria" si un gobierno no era capaz de aprobar su principal ley. También sostuvo que en tal caso habría que anticipar las elecciones. Quizás esa sea la solución.