Hacienda deberá devolver 5,5 millones a Shakira después de que la Audiencia Nacional declarara que no residía en España en 2011
La Audiencia Nacional ha dado la razón a Shakira en una de las demandas que mantiene con la Agencia Tributaria, al determinar que en 2011 la artista no cumplía los requisitos de residencia fiscal en España. La decisión obliga a Hacienda a devolver 5,5 millones de euros, una cantidad que incluye la cuota principal y los intereses acumulados durante más de una década.
La sentencia ha supuesto un revés significativo para la Agencia Tributaria, que defendía que la cantante debía tributar como residente. El tribunal, sin embargo, considera que la Administración no acreditó que Shakira permaneciera en territorio español más de 183 días, el criterio fundamental para fijar la residencia fiscal.
El fallo cuestiona la actuación de Hacienda
El tribunal ha reprochado a la Agencia Tributaria haber basado su postura en “indicios insuficientes” y no en pruebas sólidas. Según la resolución, la presencia de Shakira en España durante 2011 fue “intermitente”, vinculada a su relación con Gerard Piqué, pero no lo bastante continuada como para establecer residencia fiscal.
La devolución de los 5,5 millones se ha interpretado en el entorno de la artista como una “reparación necesaria”, especialmente tras años de procedimientos administrativos y judiciales. Shakira ha sostenido reiteradamente que ha cumplido con sus obligaciones fiscales en cada país donde ha residido.
El caso tiene ramificaciones internacionales
El conflicto entre Shakira y Hacienda ha sido uno de los más mediáticos de los últimos años, tanto por la fama de la cantante como por la complejidad de su situación fiscal. Durante la década analizada, la artista ha repartido su actividad entre Estados Unidos, Bahamas y España, lo que ha obligado a los tribunales a examinar contratos, giras, desplazamientos y periodos de estancia con un nivel de detalle que no es habitual.
Este procedimiento es independiente del que se cerró en 2023, cuando la cantante aceptó una multa millonaria para evitar un juicio penal por fraude fiscal entre 2012 y 2014. Aun así, la sentencia actual podría influir en la percepción pública del caso y en la estrategia de la defensa en los procesos aún abiertos.
