El juez imputa a dos ex altos cargos del gobierno de Ayuso por las víctimas de las residencias durante la covid-19
El Juzgado de Instrucción número 3 de Madrid ha citado a declarar a Carlos Mur, exdirector de Coordinación sociosanitaria, y a Francisco Javier Martínez Peromingo, su sucesor a partir del 20 de mayo de 2020. Ambos están imputados por su implicación en los protocolos llevados a cabo durante la crisis sanitaria de hace cinco años. En estos se ordenaba impedir el traslado a centros hospitalarios de ancianos que residían en centros para mayores que sufrieran de: una discapacidad moderada, severa, alta dependencia, enfermedades neurodegenerativas o demencia. Deberán declarar el próximo lunes 26 de mayo a las 12:30 en el anteriormente mencionado Juzgado número 3.
La causa, que había sido archivada en 2022, fue reabierta a raíz de una denuncia colectiva presentada en octubre de 2024 por 109 familias y coordinada por dos asociaciones de víctimas: Marea de Residencias y 7291: Verdad y justicia. Esta denuncia, dirigida a estos dos antiguos altos cargos, tiene motivo en la presunta comisión de un delito de discriminación en la asistencia sanitaria, penada en el artículo 511 del Código Penal.
El ejecutivo de la Comunidad de Madrid ha declarado que "respetan las decisiones judiciales", aunque subrayan que "más de 60 procedimientos han sido archivados en los juzgados por esta cuestión". Además, señalan que "la actuación de la Comunidad de Madrid ha sido avalada por la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología y otras nueve sociedades médicas".
Por el contrario, las entidades denunciantes han pedido que "cuenten y desvelen cuál fue la implicación del entonces consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, y de la propia Ayuso en las decisiones adoptadas por el Gobierno regional que tuvieron un impacto brutal en la vida de muchos residentes".
Estos protocolos, firmados por el mencionado Carlos Mur, fueron causantes del fallecimiento de ancianos que no pudieron ser trasladados a hospitales por ordenanza del mismo. Este declaró que, con el fin de evitar la saturación de los hospitales, las personas mayores con un alto grado de dependencia, con problemas oncológicos avanzados o enfermedades relacionadas con la demencia, no fueran derivadas a los centros. Esto trajo, además de una situación catastrófica para los sanitarios de las propias residencias, una gran polémica política y social que ha llevado a la creación de asociaciones de víctimas, manifestaciones y peticiones de responsabilidades políticas por los conocidos como "protocolos de la vergüenza".
