Cuando el poder decide quién merece ser protegido
El verdadero peligro reside en que sus ideas encuentren cada vez más espacios donde dejar de parecer extremas y comiencen a percibirse como sentido común
En el panorama sociopolítico que nos rodea, a 4 de julio de 2026, asistimos a un progresivo desgaste de la democracia. La intolerancia ha dejado de escandalizar, determinados discursos se han normalizado y las instituciones, cada vez con mayor frecuencia, utilizan su poder para decidir qué vidas importan y cuáles pueden ser ignoradas.
El reciente acercamiento entre el Partido Popular y Vox para garantizar una nueva etapa de gobierno en Andalucía no debería entenderse únicamente como una negociación parlamentaria. La extrema derecha se ha consolidado como un actor capaz de condicionar la agenda política. Lo preocupante ya no es solo que exista una fuerza política con posiciones profundamente reaccionarias en cuestiones como la inmigración, el feminismo o los derechos del colectivo LGTBIQ+, sino que parte de ese discurso haya dejado de percibirse como algo excepcional. Y cuando determinadas ideas dejan de producir alarma, sus consecuencias empiezan a hacerse visibles fuera de los parlamentos.
Las hemos visto en la criminalización de la protesta social, en actuaciones policiales que generan una enorme controversia y en la sensación de impunidad que acompaña algunos episodios de uso inadecuado de la fuerza. Cuando una profesora que ejerce su derecho a huelga termina siendo reducida violentamente mientras proliferan mensajes que minimizan o incluso ensalzan comportamientos de inspiración fascista en redes sociales y determinados espacios políticos, el problema deja de ser un caso aislado. La cuestión es qué respuesta ofrecen las instituciones y hasta qué punto están dispuestas a proteger el derecho a disentir.
Mientras miles de civiles palestinos continúan sufriendo las consecuencias devastadoras de la guerra en Gaza y la población ucraniana sigue padeciendo los estragos de un conflicto del que ya nadie habla, buena parte de la política institucional española y europea parece incapaz de condenar con claridad el sufrimiento humano, exigir el respeto al Derecho Institucional o denunciar la violencia ejercida contra la población civil con la contundencia que la situación exige. Defender la dignidad de las víctimas nunca debería depender de quién las provoque ni de la posición geopolítica de los gobiernos implicados. Cuando unas muertes generan indignación inmediata y otras únicamente matices o silencios, la universalidad de los derechos humanos pierde gran parte de su sentido.
Frente a este panorama resulta especialmente revelador observar cómo otras instituciones utilizan el espacio público para enviar un mensaje completamente distinto.
Hace apenas unas semanas, el Ayuntamiento de Nueva York acogió por primera vez una actuación oficial de ballroom dentro de sus instalaciones. No fue un simple espectáculo cultural. La cultura ballroom nació hace décadas como refugio de personas negras, latinas, trans y queer expulsadas de otros espacios sociales. Sus bailes, sus categorías y sus “casas” fueron redes de supervivencia frente al racismo, la LGTBIfobia y la exclusión económica. Que hoy una institución pública tan emblemática decida abrirles sus puertas significa reconocer esa memoria y afirmar que la diversidad forma parte del patrimonio democrático. Las instituciones educan. Siempre. Y quizá por eso me resulte imposible no mirar hacia las aulas.
En buena parte de los colegios concertados —especialmente aquellos ligados al carácter confesional—siguen presentes modelos profundamente conservadores que transmiten una determinada visión de la sociedad desde la infancia. Uniformes diferenciados estrictamente entre niños y niñas, expectativas distintas según el género, escasa presencia de modelos familiares diversos o una educación afectivo-sexual limitada son mensajes que moldean la forma en que niños y niñas entienden el mundo y el lugar que ocupan en él.
La educación nunca es neutral. Cuando desde pequeños se presenta la diferencia como una excepción o se mantiene una división rígida entre lo masculino o femenino no solo se reproduce un modelo concreto de familia o de sociedad, sino también se dificulta que quienes no encajan en él puedan sentirse reconocidos.
Y es que realmente el debate sobre la extrema derecha no debería limitarse únicamente a los resultados electorales. El verdadero peligro reside en que sus ideas encuentren cada vez más espacios donde dejar de parecer extremas y comiencen a percibirse como sentido común.
Defender la democracia depositando una papeleta cada cuatro años no es suficiente. La defensa se manifiesta en la exigencia de instituciones que protejan la protesta en lugar de reprimirla, que condenen la violencia con independencia de quién la ejerza, que reconozcan la diversidad en lugar de convertirla en un enemigo y que eduquen en igualdad en vez de promover jerarquías heredadas.
El autoritarismo rara vez entra derribando la puerta. Normalmente lo hace mientras la sociedad aprende, poco a poco, a convivir con él sin dejar de llamarlo democracia. No nos confundamos.
